Continúan las reacciones a un posible diálogo entre el gobierno federal mexicano y un veterano grupo guerrillero que demanda la presentación con vida de dos de sus militantes desaparecidos hace un año en Oaxaca, donde altos funcionarios del gobierno estatal son investigados actualmente por su vinculación con grupos extraoficiales promotores de la violencia política. La guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR), rechazó de manera “categórica” la propuesta de un posible diálogo con el gobierno mexicano porque consideró que esta solo refleja la "nula voluntad" para resolver los “crímenes de lesa humanidad” que se han cometido en ésta y pasadas administraciones, según dijeron mediante un comunicado en el que reafirmaron que su principal interés es tratar el tema de los desaparecidos como crimen de lesa humanidad El grupo insurgente, activo desde hace más de 25 años y con presencia en varias partes del país, también defendió al grupo de personalidades de la cultura y la política propuestos como mediadores en el diálogo y a los cuales en la propuesta del gobierno de Felipe Calderón se considera únicamente como "testigos sociales". Según la propuesta gubernamental, el posible diálogo con el EPR tendría que ser directo y estaría condicionado a la suspensión definitiva de “acciones radicales” además de que se abordarían maneras de abandonar la lucha armada. Cabe destacar que en un primer momento el gobierno llamaba delincuentes y terroristas a los integrantes del EPR, sobre todo después de los ataques a ductos petroleros en 2007. Pero desde que altos mandos policiacos del gobierno del sureño estado de Oaxaca fueron detenidos por su presunta participación en la detención ilegal y desaparición de activistas sociales, la administración del conservador presidente mexicano Felipe Calderón ofrece canales institucionales para resolver las diferencias y conflictos. Esta es la primera vez en la historia moderna de Mexico que el gobierno acepta la posibilidad de dialogar con un grupo armado que ha denunciado la continuidad de las técnicas de la llamada guerra sucia contra opositores políticos desde hace por lo menos 3 décadas. Según reportes de organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, durante los últimos 10 años el aumento de presos políticos y la criminalización de movimientos sociales estarían contribuyendo a profundizar esta situación.